Reflexiones sobre la renta básica

Vicenç Navarro

Existe hoy en España un movimiento social que pide que se establezca como derecho de ciudadanía el recibir del Estado una renta básica que permita a todos los ciudadanos vivir una vida digna, independientemente de su situación laboral o de cualquier otra circunstancia. Ser ciudadano o residente de España daría el derecho a recibir tal renta básica. Antes de discutir la bondad o no de tal política pública creo que es aconsejable que repasemos las áreas de acuerdo para luego poder analizar las posibles áreas de desacuerdo.

Pero comencemos con las áreas de acuerdo. Supongo que todas las fuerzas progresistas en España están de acuerdo en que el Estado -definiendo como Estado los distintos niveles de gobierno sean estos el gobierno central, el autonómico y los locales- debería financiar las escuelas primarias y secundarias, la sanidad, las escuelas de infancia, la atención domiciliaria a los ancianos, las viviendas asistidas, la vivienda social, las residencias de ancianos, los servicios sociales, los programas de prevención de la exclusión social, los programas de integración de los inmigrantes, los programas de formación profesional y otros servicios que constituyen lo que se llaman los servicios públicos del Estado del bienestar. Supongo también que todas las fuerzas progresistas estamos de acuerdo en que en España estos servicios están muy poco desarrollados, como lo demuestra el dato de que España emplea, por ejemplo, sólo un 5,9% de la población adulta en estos servicios, comparado con un 11% en el promedio de la UE y casi un 20% en Suecia, el país que goza del mayor desarrollo del Estado del bienestar en la Europa de los quince, resultado de haber sido también el país donde la socialdemocracia ha gobernado durante más tiempo.

Asumo, por lo tanto, que hay un consenso entre las fuerzas progresistas de que el Estado español -repito, a todos los niveles de gobierno- debe expandir los servicios públicos del Estado del bienestar a fin de alcanzar los niveles de bienestar que el pueblo español se merece por el nivel de riqueza que tiene. Asumo también que no hay ninguna fuerza progresista que proponga que la manera de financiar estos servicios públicos sea dando un “cheque social” a cada ciudadano y residente, para que éste se espabile por su cuenta y compre tales servicios privados en el mercado. No excluyo, naturalmente, la posibilidad de subsidios y desgravaciones fiscales como medidas complementarias en la provisión de tales servicios, pero creo que todas las fuerzas progresistas estaríamos de acuerdo en que la mayor parte de la financiación de estos servicios debería ser pública, financiándose con impuestos o tasas -que no tienen porque excluir, por cierto, sistemas de copago para algunos servicios-, proveyéndose a los ciudadanos (bien a través de servicios públicos o concertados) como derecho de ciudadanía, siendo por lo tanto “servicios universales” en lugar de asistenciales.


Aumento del gasto público

Tenemos que ser conscientes que el muy necesario compromiso con la universalización de tales servicios implica un aumento muy considerable del gasto público social en España, acercándonos así al promedio del gasto público social de la Unión Europea. Ello exigirá un aumento como mínimo de cinco a seis puntos del PIB en el gasto público social. Considero tal aumento del gasto público social urgente y necesario. Tal convergencia de gasto público social con la UE, debería ser, en mi opinión, el objetivo prioritario de un gobierno progresista español. Ni que decir tiene que las comunidades autónomas también deberían apuntar en sus prioridades presupuestarias hacia tal convergencia social con el promedio de la UE. Pero, no nos engañemos y seamos realistas. El punto clave para alcanzar esta convergencia es el gobierno central español, puesto que es el que controla en gran manera el nivel del gasto público del Estado español.

Este punto hay que acentuarlo a fin de cuestionar esta idea tan extendida hoy en España de que no hay un Estado del bienestar español sino diecisiete estados del bienestar autónomos. Esta idea es cierta sólo en parte. En realidad, el bajo gasto público limita mucho el potencial para desarrollar tal diversidad entre los estados del bienestar autónomos. Recordemos que pobreza quiere decir uniformidad, mientras que riqueza quiere decir diversidad. Hoy los gobiernos autónomos están gestionando la pobreza, no la riqueza de nuestro estado de bienestar. Sepamos también que la variable más importante para predecir el nivel de gasto público, incluyendo el gasto público social es el comportamiento económico y fiscal del gobierno central. De ahí que sea muy importante que exista gran presión sobre este gobierno central -movilizando a los gobiernos autónomos y municipales así como a los sindicatos y movimientos sociales- para que el Estado español -y muy en particular el gobierno central- aumente el gasto público social, tanto como porcentaje del PIB como “per capita”, hasta converger con el promedio de la UE. Será, en definitiva, una lucha dura pero que la mayoría de las clases populares apoyarán, pues son ellas las que se benefician más del muy necesario mejoramiento de los servicios de nuestro Estado del bienestar. Hasta aquí asumo que todos estamos de acuerdo.


Las transferencias

Veamos ahora el segundo capítulo del estado del bienestar, es decir, las transferencias públicas, o sea, los cheques individuales que los ciudadanos o residentes reciben del Estado. Estas transferencias siguen una lógica que responde a las necesidades específicas de cada tipo de receptor, sea éste pensionista, anciano, viuda, persona con discapacidades, familia con hijos, persona con necesidades especiales, persona en paro u otros. Estos cheques responden, como digo, a necesidades concretas y tienen su razón de ser a la luz de las necesidades específicas que las condicionan. Aquí vemos también que el gasto público en tales transferencias públicas es muy bajo en España. En pensiones y otras prestaciones a la vejez, por ejemplo, el gasto es sólo un 8% cuando el promedio de la UE es un 11.3% -y ello a pesar de que el porcentaje de la gente por encima de los 60 años es en España el mismo que en el promedio de la UE, 20,1%-. Lo mismo en las ayudas a las familias y otras transferencias. Creo que es obvio que tenemos que aumentar el gasto público en transferencias como mínimo en cuatro o cinco por ciento del PIB para ir alcanzando el nivel de protección social de la UE.


Las propuestas de renta básica

Con esta información como contexto analicemos ahora las propuestas de renta básica. Y aquí hay que aclarar que hay varias versiones de lo que es renta básica. Si por tal renta básica se entiende el salario ciudadano, entonces, renta básica quiere decir que cada ciudadano reciba, como derecho de ciudadanía, un cheque del Estado, que le permita vivir a un nivel fuera de la pobreza, independientemente de que trabaje o no. Tal propuesta tiene que evaluarse, no sólo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista de su viabilidad. Comenzando por esta última, parece obvio que el gasto público para realizar tal derecho sería considerable. Multiplicando sólo el número de ciudadanos y residentes por el cheque de renta mínima básica da una cifra equivalente a un 12% del PIB.

Pues bien, la pregunta que debemos hacernos es ¿es este 12% del PIB “además” de las necesidades que he señalado antes -servicios y transferencias- o “en lugar de” ellas? Y si fuera en este último caso, ¿cuál de las necesidades que he indicado deberían eliminarse? Si fuera “además” y no “en lugar de” entonces creo que la carga tributaria necesaria -además de las que he indicado anteriormente al hablar de servicios y transferencias- sería considerada excesiva por la población. Y si fuera “en lugar de” dudo que las personas afectadas por la reducción de sus servicios o transferencias aceptaran tal reducción o sustitución.

Pero, en ambos casos, la viabilidad política del programa sería cuestionada por gran parte de la población trabajadora, que protestaría por tener que pagar impuestos para que algunos no trabajen, pudiendo hacerlo. Lo veo de difícil aceptación por parte de la población y muy en especial por las bases sociales de las izquierdas que están en situación de gran estrés económico. Recordemos que casi el 60% de nuestras familias dicen tener dificultades para llegar a fin de mes.

Soy consciente de que en España la recaudación de los impuestos por parte del Estado es muy deficiente. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el Estado español deja de ingresar una cantidad equivalente al 10% del PIB debido al delito fiscal. Tal déficit debe corregirse y las reformas fiscales altamente regresivas realizadas por el gobierno PP tienen que revertirse. Ahora bien, seamos también conscientes de que la universalización de los servicios y la necesaria expansión de las transferencias conllevarán un aumento de la carga fiscal de la ciudadanía lo cual, en contra de lo que sostienen los pensadores neoliberales, será aceptada siempre y cuando ello repercuta en el bienestar de la población. Ahora bien, si a esta cesta añadimos los beneficios de la renta básica, creo que la carga fiscal final se verá muy resentida y no la veo de fácil aceptación, sobretodo teniendo en cuenta que la renta básica beneficiaría directamente a sólo un sector de la población.

De ahí que la renta básica no haya sido aplicada en ningún país, excepto en el estado de Alaska, en EEUU, estado que distribuye parte de los ingresos procedentes de la explotación del petróleo entre sus ciudadanos, medida que fue adoptada por el gobierno de aquel estado para atraer personas a un estado que se caracteriza por un clima duro y de difíciles condiciones de trabajo. Ningún otro país ha aceptado tal renta básica. Soy consciente de que el argumento de que ningún país lo ha establecido no es en sí un argumento para no establecerlo, como mis amigos abogados de la renta básica en España continúan recordándome. Ahora bien, me preocupa que en España exista una cantidad excesiva de ingenieros sociales dispuestos a la experimentación -tal como ha ocurrido también con el tipo fiscal único, otra propuesta que ningún país ha aceptado- olvidando otras propuestas que han sido ya ampliamente experimentadas y que funcionan y en las que estamos muy retrasados. En España estamos muy retrasados, por ejemplo, en los servicios del Estado del bienestar y en las transferencias sociales universales. Corregir este déficit debería ser el objetivo prioritario de las fuerzas progresistas del país. Es desaconsejable que tales fuerzas progresistas intenten llevar a cabo dos propuestas muy ambiciosas -la necesaria corrección del déficit de servicios y transferencias del Estado del bienestar español con la UE- y el establecimiento de la renta básica- a la vez.


Eliminar la exclusión social

Dicho esto, creo que hay que distinguir -distinción que no siempre se hace- entre la renta básica, entendida como salario ciudadano, y la existencia de programas de eliminación de la exclusión social y de la pobreza que garanticen a todo ciudadano el nivel de renta y los servicios necesarios para vivir una vida digna, sin necesidad de trabajar en caso de que no pueda. En este aspecto hay que darse cuenta de que los países que tienen menos pobreza son aquellos como Suecia que tienen un Estado del bienestar más desarrollado y ello como consecuencia de una serie de intervenciones que van desde la provisión de servicios públicos a la provisión de una renta asegurada para colectivos e individuos que reúnan una serie de condiciones, condiciones en las que la gran mayoría de los ciudadanos pueden encontrarse en situaciones vulnerables, lo cual explica la gran popularidad de estos programas.

Considero que la estrategia socialdemócrata, incorporada también más tarde por sectores de izquierda de la democracia cristiana como la alemana, defensora hasta hace poco de la economía social, ha consistido en desarrollar políticas de pleno empleo, que estimulan el aumento de la población adulta que trabaja -facilitando sobretodo la integración de la mujer al mercado de trabajo mediante la universalización de los servicios de ayuda a las familias y sobretodo a la mujer, como son el acceso universal a las escuelas de 0 a 3 años y los servicios domiciliarios para las personas ancianas y/o con discapacidades-, con buenos salarios y con políticas de formación profesional que aumenten la productividad y por lo tanto el salario, todo ello elementos claves de una estrategia urgente y necesaria, con la provisión de una renta más que básica para aquellas personas que por causas ajenas no pueden trabajar. Esta es la estrategia a seguir. La sabiduría de tales intervenciones está probada. Suecia tiene el nivel de pobreza más bajo de la UE.

No niego que, una vez que el Estado del bienestar esté bien desarrollado, entonces el concepto de salario ciudadano pueda ser una propuesta atractiva, distribuyendo la plusvalía social en la manera que aumenta la riqueza del país. Pero establecer un salario ciudadano cuando nuestro Estado del bienestar está tan poco desarrollado es comenzar la casa por el tejado. Aquí os pido una dosis de realismo. Seamos menos experimentales y no queramos ser los primeros que lo experimentan en el mundo. Inspirémonos en la tradición socialdemócrata que ya ha probado ser -en aquellos países que han tenido mayor tradición- referencias importantes y exitosas.


Programas experimentales

Quisiera terminar estas notas indicando que en España, en el País Vasco y en Madrid, entre otras partes del país, se han desarrollado programas bajo este nombre de renta básica, que en realidad no corresponden a lo que se ha llamado tradicionalmente programas de renta básica. Son en realidad propuestas de ofrecer un mínimo de renta que permita prevenir la pobreza absoluta, programas que me parecen necesarios y que apoyo. Pero, por favor, no se confundan los términos. En realidad, tales programas, a fin de tener aprobación popular, tienen un umbral de pobreza tan bajo -antes de poder recibir la renta pública- que sólo consiguen prevenir la pobreza absoluta. Esto ya es un paso adelante, pero es dramáticamente insuficiente para resolver el problema de la pobreza, la cual requiere una mayor inversión en cuanto a aumentar las pensiones y la disponibilidad de los servicios públicos -en el caso de la pobreza entre ancianos- y facilitar la integración de los jóvenes y sobretodo de la mujer al mercado de trabajo, mediante programas de formación y provisión de servicios públicos, tales como los servicios de ayuda a la familia, medidas más ambiciosas y más eficaces que las ayudas en transferencias para los pobres, que tienen un impacto menor para eliminar la pobreza.

Las políticas asistenciales siempre han sido mucho menos eficaces que las universales. En otras palabras, programas antipobreza siempre son pobres porque están basados en la compasión más que en la solidaridad. A no ser que los programas sean universales, es decir, que toda la ciudadanía se beneficie, tales programas no son populares y eficaces. Recordemos que el programa antipobreza más eficaz de cualquier país es la Seguridad Social. Sin ella, el 68% de nuestros ancianos serían pobres. Y tal programa es enormemente popular. De ahí que mi propuesta y mis prioridades pasan por la promoción de la expansión de los servicios públicos y transferencias sociales que están poco desarrolladas en España y cuya eficacia se ha demostrado ya en otros países.

Esta es mi postura. Gracias por vuestra atención.


 

Vicenç Navarro.
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitad Pompeu Fabra de Barcelona

Conferencia sobre “La renta básica: méritos y desméritos”, pronunciada en la Universidad Complutense de Madrid el 19 de Marzo de 2004.