Los municipios catalanes ante las infraestructuras digitales

Pere Navarro Morera

Una de las principales funciones de las administraciones locales se concreta en la prestación de servicios de proximidad a los ciudadanos. Sin embargo, desde el retorno de los ayuntamientos democráticos, los responsables municipales hemos ido mucho más allá y nos hemos preocupado y ocupado de las condiciones generales de los ciudadanos y de las empresas radicadas en su territorio. ¿Son las infraestructuras digitales responsabilidad, competencia, preocupación, u obligación para los ayuntamientos? ¿Deben aportar recursos públicos para su construcción y mantenimiento? Veamos a continuación cual ha sido la posición defendida por los municipios catalanes y cuáles sus actuaciones.

Cualquier inversión pública en telecomunicaciones, cualquier atisbo de política “keynesiana” dejó ser bien vista con la liberalización total del sector. Detengámonos un momento en revisar y recordar algunos datos pasados que nos serán de mucha utilidad para entender la situación actual.

El proceso de liberalización en España se inició con la privatización de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), que después de su creación en 1924 hasta el inicio de la década de los 90 había gozado de un monopolio absoluto. Así cabe resaltar que no fue hasta 1997 cuando el Estado se desprendió del último 20% de las acciones, de una empresa que ya entonces se había segregado en filiales para adaptarse a las nuevas tecnologías. Todo ello sólo unos meses antes del plazo fijado por la Unión Europea (UE).

Durante el 1987 la UE traza el camino de la liberalización de las telecomunicaciones con la publicación de “El libro verde sobre el desarrollo del Mercado Común de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones”. Para los dirigentes comunitarios está claro que el fuerte crecimiento del sector de las telecomunicaciones, caracterizado por constantes innovaciones y una rápida evolución tecnológica contribuirán, mediante la competencia, a la disminución de las tarifas de sus servicios, a una mayor difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y al afianzamiento de la nueva Sociedad de la Información. La trilogía formada por oferta, calidad y precio debía contribuir al beneficio de los servicios a los cuales tendrían acceso los ciudadanos. Cualquier intervención pública tiende a verse como contraria a las leyes del libre mercado, como una interferencia o una injerencia en un mercado liberalizado.

 

Los municipios se implican… pero estalla la burbuja digital

En este contexto de ultra liberalización los ayuntamientos catalanes nos planteamos cómo, en qué plazos y en qué condiciones se van a desarrollar las nueves redes de telecomunicaciones en el territorio y a que servicios podrán acceder sus ciudadanos y empresas.

Durante el 1995 se produce otro hecho que tenía que ser fundamental para el impulso de las nuevas infraestructuras digitales. El gobierno español impulsa la Ley 42/1995, de las Telecomunicaciones por Cable, mediante la cual se pretendía finiquitar el monopolio de la prestación de servicios por cable de Telefónica. La Ley establecía las condiciones para la existencia de una segunda red de telecomunicaciones y se determinaba el ámbito de prestación de los servicios en demarcaciones territoriales de un número determinado de habitantes.

Los municipios catalanes, aún sin tener un conocimiento cierto y preciso de la importancia que el uso de las nuevas tecnologías finalmente tendrían en el desarrollo de la sociedad actual, sí que tuvieron el acierto de intuir que estaban ante un hecho, un cambio trascendental, ante el cual, no sólo era necesario estar preparados, sino que era imprescindible impulsar de una manera decidida. Se hizo evidente, contrariamente a la idea más extendida entre los responsables económicos, políticos y empresariales, que los ayuntamientos catalanes previeron que si no se implicaban de lleno, el mercado, por él solo, no dotaría de infraestructuras digitales todo el territorio. Aparcando cualquier asomo de diferencias políticas, los municipios de Catalunya, de acuerdo con el Gobierno de la Generalitat, impulsaron la creación de las demarcaciones territoriales como paso previo y necesario para los concursos de adjudicación de la concesión de un segundo operador. Objetivo claro: Garantizar un despliegue de una red de cable que ofreciera servicios a todo el territorio.

Los ayuntamientos catalanes percibieron la etapa de liberalización como una situación que conjugaba claramente una doble vertiente. Por un lado podía representar una oportunidad histórica de desarrollo económico y social, pero, por otro eran conscientes de los riesgos de “fractura digital” si el proceso no se universalizaba y alcanzaba al conjunto de la población y a la totalidad del territorio. Fruto de este interés y esta preocupación nació el Consorcio Localret, representando a la práctica totalidad de los municipios catalanes.

El interés por dotar a Catalunya de las incipientes infraestructuras digitales se concretó entre los años 1998 y 1999 en acuerdos con los operadores más potentes (Telefónica y Retevisión)  y con “Cable i Televisió de Catalunya” (CTC) para desplegar las redes de telecomunicaciones en los municipios más poblados, como algunas de las iniciativas más destacadas.

Durante los años finales del milenio se planifican y se empiezan a ejecutar proyectos de infraestructuras que, de haberse llevado a cabo, hubieran situado Catalunya en primera línea mundial y que hubieran permitido equipararnos con Japón, el sudeste asiático o lo países nórdicos europeos. El estallido de la llamada “burbuja tecnológica” con sus episodios de crecimiento de empresas, fusiones, compras, ventas y, finalmente, la desaparición de muchas y la descapitalización de la mayoría supuso, en la mayoría de los casos, el abandono de la mayoría de iniciativas de creación de infraestructuras digitales dónde operadores y ayuntamientos habían tejido complicidades y compartían el objetivo final de extender la redes al mayor número de ciudadanos-clientes.

Achacar las actuales deficiencias de infraestructuras digitales al estallido de la burbuja tecnológica sería realmente un ejercicio muy simplista, pero no darle la relevancia que merece es faltar a la verdad. La debacle empresarial y económica se produjo justo en el peor momento, cuando los planes tenían que ejecutarse y pasar del papel a las calles. La realidad nos dejó muy pocos kilómetros de cable extendidos y la sensación de haber perdido una gran oportunidad con unos efectos que se han notado hasta la actualidad. Sirva un ejemplo: de los 946 municipios de Catalunya, no llegan a la treintena los que hoy día pueden decir que tienen redes de telecomunicación en competencia.

 

Telefónica y poco más: el ADSL

Fallido, aunque no olvidado, el interés por conseguir que Catalunya contara, como mínimo, con un segundo operador, el panorama de las telecomunicaciones quedó, a inicios de esta década, con un operador incumbente (Telefónica) y muy pocas alternativas. Las empresas supervivientes no disponen ya de recursos para planes ambiciosos de extensión de redes y los programados no son ejecutados.

Ante la falta de capital para acometer nuevas inversiones y sin una competencia fuerte para el principal operador, se vuelve a mirar hacia el par simétrico de cobre como soporte de infraestructura digital. El ADSL “Asymmetric Digital Subscriber Line”, con sus diversas variantes y evoluciones tecnológicas, permiten a las operadoras de telecomunicación ofrecer banda ancha de una manera más económica y más rentable para la empresa. No obstante, esta expansión de la banda ancha se realiza con unas prestaciones inferiores a las proyectadas por el cable, y de una manera desigual por el territorio, rigiéndose en primer lugar por criterios económicos. Los intentos de los ayuntamientos por evitar la “brecha digital” se intentan combatir con éxito relativo con planes apoyados por la Generalitat y por el propio Estado. Baste citar los planes de extensión de la banda ancha rural. En definitiva, la banda ancha se extiende pero es menos “ancha” y sin posibilidad de competencia en precios o servicios.

Durante todo este tiempo y hasta hoy las administraciones locales catalanas, y Localret como su representante, han defendido la necesidad de contar con infraestructuras digitales que permitan el desarrollo de servicios de banda ancha. No por capricho, sino porque como ha quedado demostrado, incluso con cifras que se reflejan en el PIB (Producto Interior Bruto), alrededor de la banda ancha se articulan toda clase de actividades (económicas, culturales, sociales, etc.) que generan valor añadido, que son “sostenibles” en el sentido de no suponer el consumo de grandes recursos naturales y contaminantes, y que son básicas para apoyar políticas de bienestar social basadas en actividades como la formación a distancia, mejoras en la sanidad, la educación, la prestación de servicios a colectivos como las personas mayores, etc. A todo ello es necesario añadir que son imprescindibles para la mejora interna de las mismas administraciones públicas. Cabría tan sólo apuntar las posibilidades que ofrece la administración electrónica. Tanto es así que en un plazo muy breve de tiempo la “e-administración” no será una posibilidad que se ofrece, sino una obligación, marcada por ley, para la cual los ayuntamientos tienen la obligación de estar preparados.

A pesar de todos los avatares, los ayuntamientos catalanes en colaboración con la Generalitat, han perseverado en el interés común de crear y fomentar infraestructuras digitales. Gobierno autonómico y municipios impulsan, a través de un ente gestor de infraestructuras (ITCat) la puesta en común y en valor de las redes de fibra públicas existentes, tanto aquellas que son propias de ayuntamientos como las del Gobierno catalán que, aprovechando la construcción o reformas de otras infraestructuras como vías de ferrocarril o carreteras, ha ido preparando para el paso de la fibra óptica. Estas infraestructuras, a las que habría que añadir los kilómetros de calles o urbanizaciones que en los últimos años han previsto sus canalizaciones para adaptarlas al paso de la fibra, complementarían una primera red troncal con los kilómetros procedentes del proceso de venta de Al-Pi a France Telecom.

El primer objetivo, relativamente cercano y factible, es conseguir la conexión de los edificios corporativos del gobierno catalán y de los ayuntamientos. Esta red pública tendrá un carácter abierto, que se complemente con otras procedentes de empresas de servicios que también han extendido fibra, como Gas Natural o RENFE, y se pondrá a disposición, mediante los concursos necesarios, de los operadores de telecomunicaciones.

 

La ley del péndulo: el papel de las inversiones públicas

El estallido primero de una crisis financiera de alcance mundial, precediendo a una situación de crisis económica, también de dimensiones planetaria, ha cuestionado abiertamente el modelo económico de los últimos años, los mecanismos de control de la economía y el papel que las administraciones públicas deben ejercer en la regulación de los mercados. La tradicional principal potencia económica mundial, los Estados Unidos, ha optado por la intervención pública directa, en el caso de la crisis financiera, y por la adopción de un programa económico dinamizador en el que muchos han visto que persigue claramente efectos “keynesianos”. El papel inversor de los recursos públicos como medicina reconstituyente para la economía general se ha erigido en uno de los pilares de muchos de los gobiernos de los países más desarrollados económicamente.

Ante esta situación de crisis económica planeaba de nuevo la duda de conocer de qué manera afectaría al desarrollo de les infraestructuras digitales. Ya hemos explicado, aún a riesgo de parecer reiterativo, que los municipios catalanes habíamos apostado por las inversiones públicas como factor de reequilibrio e intervenir allí dónde era evidente que el mercado no lo haría. Se diferenciaba claramente la lógica de la búsqueda del rendimiento económico por parte de las empresas, de la búsqueda del rendimiento social, objetivo final de los gestores públicos.

Se ha avanzado en un factor clave y es que actualmente no hay discusión posible sobre la importancia estratégica y transversal de las comunicaciones electrónicas en todos los sectores de la economía e, incluso, en el papel que éstas desarrollan de cohesión social.

En lo referente a las infraestructuras digitales actuales y del futuro más próximo, comprobamos como países como Japón o Corea han impulsado, y ya disfrutan, de Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA), basadas en la fibra óptica, que han extendido con el impulso económico de las administraciones públicas centrales y en colaboración con las locales. Son ultrarrápidas y su precio para el usuario es mucho menor que cualquiera de las ofertas en Catalunya o en España. Los últimos datos de la OCDE señalan que cerca de la mitad de las líneas de banda ancha de Japón y más de 40% de las de Corea, están basadas en fibra óptica. Los datos anteriores del FTTH Council reflejaban sólo un 20%. Es decir los accesos a redes de nueva generación se han doblado en un período muy corto de tiempo. Un último dato revelador: La cifras ofrecidas por el Ministerio de Telecomunicaciones de Japón recogían que las nuevas altas de usuarios de banda ancha de servicios basados en la fibra crecían, en el 2006, un 262%, mientras que el ADSL  descendía en un 53%.  La comparación de estos datos con los españoles no nos puede dejar indiferentes. Aquí las conexiones a banda ancha basadas en DSL suben a un ritmo cercano al 10% anual y la fibra hasta el hogar (FTTH), salvo contadas excepciones, forma parte, aún, de proyectos pilotos.

En Estados Unidos la nueva administración demócrata de Obama pretende acelerar la construcción de redes NGN como parte de un ambicioso programa de inversiones que dinamice la economía. Durante la administración Bush el predominio fue de desregulación del sector de las telecomunicaciones. En el 2007 en todo el país sólo había 33 iniciativas en funcionamiento de fibra municipal y un centenar de proyectos en espera. Ahora, en una primera fase se pretende hacer llegar las redes de gran capacidad a un 14% de la población, justo la cifra con la que ya cuenta Canadá, su vecino del norte.

Mientras tanto en Europa las infraestructuras digitales y, en especial, el despliegue de fibra, es muy desigual, fruto en gran parte del grado de intervención pública. Suecia, Eslovaquia, Dinamarca, Noruega y Holanda lideran las inversiones públicas y casos como el de Francia destacan por el impulso a las redes locales impulsadas por ayuntamientos y organismos territoriales. Según datos de la Comisión, en la Unión Europea se calcula que hay unos 229 millones de líneas de cobre, frente a poco más de un millón de fibra óptica.

En España la controversia de los últimos años entre operadores, el regulador representado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Europea sobre la conveniencia de las inversiones públicas en las nuevas infraestructuras digitales ha generado una incertidumbre paralizadora. La recientísima consulta de la Comisión Europea y las Directrices que ha emanado sobre la regulación de los accesos a las redes de nueva generación abre una puerta, que esperamos definitiva, a su impulso. La Comisión no sólo justifica sino que insta a las inversiones públicas en todas aquellas zonas que, denominadas “grises” o “blancas”, no tengan perspectivas de ser cubiertas por los operadores privados del mercado.

Este nuevo panorama dibuja la esperanza que, a pesar de las dificultades actuales, las inversiones públicas lleguen a las nuevas redes de telecomunicaciones como herramientas para superar la brecha digital, garantizar el equilibrio territorial y conseguir que, en nuestro caso, Catalunya, en su conjunto, disponga de unas telecomunicaciones potentes para poder ser competitivos económicamente y avanzados socialmente.

Estas infraestructuras digitales deben contar con la participación, en mayor o menor media, de los ayuntamientos, conocedores del territorio y de las necesidades y potencialidades de sus ciudadanos. Estas nuevas infraestructuras digitales no pretenden competir con la iniciativa privada, sino en el ejercicio de la responsabilidad pública salvaguardar que todos los ciudadanos, empresas, instituciones y administraciones de nuestro país puedan tener la oportunidad de acceder a las redes de telecomunicaciones de alta capacidad. Garantizar el desarrollo armónico y completo de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones es una obligación. Lo contrario conlleva la aparición o la obertura aún mayor de la brecha digital. El acceso a la sociedad de la información es una “conditio sine qua non” para que los ayuntamientos, el conjunto de las administraciones públicas, puedan desarrollar y ofrecer servicios en la cantidad y la cualidad que los ciudadanos merecen. El acceso a las nuevas herramientas tecnológicas de la sociedad de la información es indispensable para garantizar una calidad de vida, una igualdad de oportunidades y unos servicios adecuados a los nuevos tiempos.


 

Pere Navarro Morera.
Presidente de Localret y alcalde de la ciudad de Terrassa.