La lucha se libra en los bloques

DIANA VIRGÓS

“Pero, ¿eso es legal?” 

Esta pregunta es habitual tanto en los encuentros casuales en el ascensor como en las reuniones de vecinos en un edificio cualquiera en una ciudad como Barcelona. Suele ir precedida de una anécdota referente a un incremento sensible de precios (que en la capital catalana ha sido del 40% en los últimos 5 años*); o a un gasto nuevo que la propiedad cobra a parte y del que hasta la fecha no se había oído hablar nunca; o a la negativa de devolver la fianza por razones poco explicadas al inquilino. La respuesta a esta pregunta es tan breve como frustrante: sí, es legal. 

Foto: Unsplash.

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La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy -un año después de haber aliviado a las SOCIMI de toda carga fiscal en pro del incremento de la inversión extranjera en el sector inmobiliario español- deja total libertad para que arrendador y arrendatario puedan pactar condiciones y gastos “a parte” de la renta, bajo la falacia neoliberal de que ambos participan del trato en igual posición. Nada más lejos de eso: los inquilinos se juegan su casa, el lugar donde desarrollan su vida, mientras que la propiedad sólo se juega un activo financiero cuya importancia radica en el dinero que se le pueda sacar durante unos años. ¿Qué libertad de pactos puede darse cuando una de las partes tiene el riesgo de quedarse en la calle de un día para el otro? ¿Qué acuerdos pueden darse cuando la otra parte puede imponer sus condiciones mediante un burofax? Una ley se define por regular las relaciones sociales en beneficio de todos los implicados; por tanto, podríamos decir que una ley como la LAU es la anti-ley, aquella que omite esta responsabilidad y no garantiza la equidad entre las partes.

Cuando la ley no responde, sólo queda acogerse a los márgenes. Es en ese pequeño espacio donde nacen fenómenos que algunas veces logran entrar en el imaginario general y transmiten sus ideas: desde las tradicionales asociaciones de vecinos y vecinas hasta plataformas como la PAH, los sindicatos de barrio o el Sindicat de Llogaters i Llogateres. Esta última, en plena batalla por los alquileres y bajo la sombra de la gentrificación en las ciudades, inició el año pasado la campaña #EnsQuedem (Nos Quedamos), que tiene como premisa principal evitar la expulsión de familias. Reivindican el derecho a la ciudad, a que las personas se puedan arraigar en los barrios y a poder hacer planes de futuro en contra de un nomadismo no deseado. Gracias a las negociaciones colectivas, el Sindicat hasta ahora ha conseguido avances muy notables: desde casos donde han moderado subidas a priori astronómicas hasta la reciente victoria histórica en la que han conseguido que un vecino del barrio de Vallcarca en Barcelona pueda quedarse en su casa con un contrato de 7 años y con una rebaja en su alquiler. Su mayor herramienta: el empoderamiento de las familias y la organización en bloques en lucha

Los bloques o edificios en lucha son un fenómeno aún incipiente. Si en el imaginario colectivo las comunidades de vecinos se entienden como una fuente de problemas y conflictos, en un contexto de emergencia habitacional se convierten en una posible solución. A través del intercambio de información, aquellos vecinos y vecinas que no conocen sus derechos -y son muchos más de lo que podría parecer- toman consciencia de la situación en la que se encuentran y, además, se dan cuenta de que no son los únicos en sufrirla. A partir de aquí es cuando se empieza a ganar poder: a través de la investigación de la propiedad y del asesoramiento legal los vecinos pueden unirse bajo una sola entidad; se equilibran las fuerzas y llega la verdadera negociación.

Los bloques -denominados “en lucha”- están empezando a ganar protagonismo en la esfera pública gracias a las redes sociales. Algunos de los ejemplos más conocidos son Leiva 37, los bloques Lancaster 7, 9-11, 13 y Roger de Flor, 209, en Barcelona; los dos primeros adquirieron mucha atención mediática cuando consiguieron que el Ayuntamiento de Barcelona adquiriera los inmuebles. La estrategia de los bloques pasa por aprovechar los pocos resquicios legales a su alcance; en este caso, el derecho de tanteo y retracto contemplado en la ley catalana desde 2006, y que desde el pasado enero se aplica en toda la ciudad. Irónicamente, la rebelión de estos edificios responde a la actual configuración de la propiedad en España: donde antes había una persona física o una propiedad  horizontal -es decir, varios propietarios- ahora hay un solo propietario que se esconde tras las siglas de la SOCIMI. Actualmente la mayor propietaria de inmuebles del Estado es Blackstone; el fondo buitre controlaba en 2018 un total de 20.000 millones en activos inmobiliarios contando viviendas, oficinas, hoteles y almacenes de logística, la mayoría de ellos adquiridos a bancos españoles en caída libre desde la crisis de 2008.

No obstante, un ayuntamiento – por muy grande que sea- tiene sus competencias limitadas, y sin un marco legal estatal y autonómico adecuados no es capaz de desarrollar políticas cien por cien efectivas de protección hacia los inquilinos e inquilinas. Pese a que el derecho a la vivienda está ampliamente reconocido, la legislación actual la mantiene en segundo plano; se necesita hacer algo más. Desde el Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona proponemos una serie de medidas para atajar el problema de los alquileres y entre ellas destacan el control de precios mediante un índice vinculante y la ampliación del parque de vivienda pública a través de la movilización de pisos vacíos. Si algo tan básico como el derecho al hogar no es una prioridad para las instituciones, desde el Sindicat seguiremos apoyando a esas resistencias legítimas que pongan en práctica los y las arrendatarias; depende de los legisladores y legisladoras que la lucha siga en los parlamentos...o en los bloques.

* Secretaria de d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya.

Diana Virgós

Miembro del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona.