La inmigración: factor de desarrollo económico y reto a la cohesión social

Círculo de Economía de Barcelona

Los estudios de prospectiva más solventes aparecidos durante el último cuarto del pasado siglo solían coincidir en que los dos grandes temas que se plantearían con carácter global a comienzos de esta nueva centuria serían los movimientos migratorios y el abastecimiento de agua en los países en vías de desarrollo. Los hechos no han desmentido estas previsiones.

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En los últimos diez años, hemos asistido a un cambio radical en el fenómeno migratorio. España, que aún tiene un millón y medio de emigrantes viviendo en el extranjero, se ha convertido en un país atractivo para la inmigración. Aunque el porcentaje de residentes en España nacidos en el extranjero está alejado del de los países más desarrollados, su tasa de crecimiento es considerable. En el año 2002, España ha sido el segundo país receptor de inmigración de la Unión Europea, al acoger a más de uno de cada cinco nuevos inmigrantes de la Unión.

La llegada de inmigrantes provoca sentimientos contradictorios. Por un lado, una parte de nuestra sociedad ve en la inmigración un factor que puede contribuir al dinamismo económico y cultural y que, al mismo tiempo, puede moderar nuestra caída demográfica. Pero, otra parte de la sociedad percibe la inmigración con creciente inquietud, temor e, incluso, cierto rechazo; en su opinión, estamos ante una imparable llegada de extranjeros, que supera nuestra capacidad de acogida y pone en peligro nuestro bienestar y personalidad colectiva.

 

1. Un reto y una oportunidad

En el Círculo de Economía creemos que la inmigración es un factor de desarrollo económico y de progreso social. Nuestro bienestar sería ya hoy inferior al alcanzado, y nuestras perspectivas de futuro más confusas, sin la aportación de los inmigrantes. Ahora bien, la inmigración es también un reto para la convivencia y la cohesión social; lo es especialmente en aquellos países que, como el nuestro y la mayoría de países europeos, han desarrollado programas de bienestar social que se ven presionados por la extensión de su cobertura a la población inmigrante. Por ello, sólo si se abordan de forma adecuada y con recursos suficientes los problemas que genera la inmigración, conseguiremos que se convierta en un fenómeno positivo para todos.

Esta Opinión del Círculo de Economía quiere ser una contribución a un análisis racional del problema y un apoyo a las iniciativas y políticas públicas necesarias para transformar ese reto en una oportunidad.

1.1. Fuerzas que impulsan la inmigración

La inmigración no es un fenómeno de carácter exponencial. Su crecimiento viene impulsado por dos fuerzas de fondo: por un lado, la atracción que se deriva de las oportunidades económicas y la caída demográfica en los países receptores y, por otro, la expulsión a que conduce la falta de expectativas en los países de origen.

La fuerza de la atracción es determinante. Si no hubiesen empresarios con oportunidades de negocio dispuestos a contratar trabajadores extranjeros, no vendrían inmigrantes. Una evidencia de este efecto es que la llegada de trabajadores se intensifica en todos los países cuando la economía crece, y se desacelera cuando la economía languidece.

La inmigración se ve favorecida también por necesidades demográficas. Sin la aportación de la inmigración, la proyección del crecimiento de la población española nos conduciría a una disminución de tres millones de personas en los próximos veinticinco años, y ello tendría un efecto dramático. Más allá de cuestionar el mantenimiento económico del Estado del Bienestar, una población envejecida carece del dinamismo indispensable para el progreso.

La fuerza de la expulsión también es importante. El mayor número de inmigrantes proviene de países cuyo incipiente desarrollo se ha estancado, o bien de países de rentas intermedias que sufren severas crisis económicas o políticas.

1.2. Una apuesta por los países en desarrollo

Toda política de inmigración debe actuar en los países de origen. Las sociedades avanzadas no podemos limitarnos a definir y ejecutar políticas destinadas a aquellos inmigrantes que llegan a nuestros países. Debemos plantearnos de manera decidida cómo fomentar un rápido y sostenido desarrollo de los países menos favorecidos. Debemos apostar a favor de la consolidación democrática e institucional, la inversión empresarial y la dotación de infraestructuras en esos países.

En este sentido, los europeos debemos adquirir un compromiso inequívoco con el desarrollo de la cuenca sur del Mediterráneo, y a España le corresponde liderar este compromiso. El “Proceso de Barcelona” -iniciado en el año 1995- sentó las bases de la política mediterránea de la Unión Europea. El objetivo debe ser doble: la prevista articulación de la Área Euromediterránea de Libre Comercio (AELC) en el año 2010, y el apoyo financiero para el ajuste estructural y la dotación de infraestructuras en los países de la ribera sur del Mediterráneo.

En el Círculo de Economía creemos que estas iniciativas son importantes, y deben ser abordadas con decisión, pero son insuficientes. El impulso al desarrollo mediterráneo se verá reforzado si se materializa la creación, tal y como apuntó el Consejo Europeo de Barcelona, de la filial mediterránea del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podría llamarse Banco Euromediterráneo de Desarrollo (BED), con mayores recursos financieros y sede en una ciudad europea mediterránea -como Barcelona- comprometida con el desarrollo del Mediterráneo.

En esa necesaria apuesta a favor del desarrollo global, hará falta una visión a medio plazo para favorecer políticas comerciales y agrícolas que abran mucho más los mercados europeos y norteamericanos a productos provenientes de países en vías de desarrollo. Ello tendrá consecuencias para las especializaciones productivas de países como España, que tienen que plantearse seriamente qué modelo de crecimiento y especialización productiva quieren desarrollar en las próximas décadas.

1.3. Hacia un nuevo modelo de especialización productiva para nuestro país

Estamos en un momento de cambio profundo de nuestras estructuras productivas. La ampliación de la Unión Europea al este, el proceso de globalización, y nuestro propio progreso económico hacen que dejemos de ser un país atractivo para aquellas producciones de menor valor añadido que se basan en una mano de obra barata. Asimismo, tenemos que planificar un futuro cercano en el que tampoco pueden tener cabida aquellas actividades sustentadas, directa o indirectamente, por subvenciones públicas, y aquéllas que dañan seriamente nuestro medio ambiente. Debemos aspirar a consolidarnos como una economía basada en sectores de mayor valor añadido que sitúen a la innovación en el eje central del progreso económico y social.

La inmigración es determinante en nuestra nueva especialización y en nuestra capacidad de innovar. Por una parte, aporta capacidad de trabajo en actividades de menor valor añadido que se hallan muy desabastecidas de trabajadores, y que ya no quieren desempeñar los residentes. La especialización de una parte de los recién llegados en estas actividades permite una superior dedicación de los trabajadores ya establecidos a actividades de mayor valor añadido. Por otra, un buen número de inmigrantes posee ya unos elevados conocimientos técnicos que les permiten complementar la especialización de los profesionales autóctonos.

Asimismo, dada nuestra escasa movilidad laboral interna, el impacto positivo de la inmigración en España puede ser mayor que en otros países. Los inmigrantes se instalan donde son más necesarios y útiles socialmente, y de esta manera aportan una parte de la flexibilidad que requiere un país dinámico con una economía en plena transformación productiva. Los países y las ciudades más dinámicas e innovadoras, tanto económica como culturalmente, son territorios de inmigración.

 

2. Las dos vertientes de la politica inmigratoria

Una política coherente de inmigración debe estimar la necesidad de inmigrantes, llegar a acuerdos con los países de origen, y fomentar la ida y venida de los trabajadores y sus familias. Así, debe responder a las necesidades y posibilidades del país receptor y, a la vez, procurar ofrecer aquello que más desean los que vienen: un trabajo en la legalidad.

Ahora bien, una política realista de inmigración no se agota en los que vienen, es decir, en los aspectos relativos a la problemática que plantea la regulación de los flujos migratorios. Deben plantearse, además, todos los problemas que origina la presión de la inmigración sobre el sistema de bienestar, especialmente en áreas como la sanidad, la enseñanza, la vivienda, y la seguridad ciudadana. Estos problemas son más intensos en países, como los europeos, en los que existen fuertes programas de bienestar. Hay que evitar a toda costa que, en aquellas localidades donde se concentra en mayor medida la presión inmigratoria, se deteriore la calidad de vida y de los servicios públicos. Sólo evitando estos efectos perversos será posible mantener una auténtica cohesión social.

2.1. Políticas orientadas a los que vienen

Las políticas de inmigración exclusivamente preocupadas por el control y entrada de extranjeros nunca podrán ser totalmente eficaces. Los incentivos de los que quieren entrar siempre serán de mayor intensidad que el celo de los encargados de evitar su entrada. Todos los países de la OCDE han controlado la entrada de extranjeros de forma más o menos selectiva; ahora bien, su eficacia ha demostrado ser limitada.

En el Círculo de Economía creemos que lo fundamental es articular una política de gestión realista y eficaz del flujo de inmigrantes que permita acceder al mercado de trabajo español a las personas que necesitamos. Esa política debe fundamentarse en estimar las necesidades de inmigrantes y fijar una política realista de contingentes; fomentar la ida y venida de los trabajadores y sus familias; evitar intervencionismos excesivos; y dar una dimensión europea a la política de inmigración.

  • Estimar las necesidades de inmigrantes y fijar una política realista de contingentes: Durante los últimos diez años, el contingente anual de trabajadores extranjeros autorizados a entrar en España ha sido de unas 30.000 personas, una cifra muy alejada de cualquier estimación realista acerca de nuestras necesidades laborales.

    Los procesos de regularización de los años 1991, 1996 y 2000-2001 han sido los que han permitido ajustar el flujo de inmigrantes a las necesidades reales de la economía española. En los procesos de los años 1991 y 1996 se regularizó a un número de personas equivalente a cuatro veces el contingente anual. El último proceso ha regularizado a más de 240.000 personas entre los años 2000 y 2001, ocho veces el contingente anual. En los últimos años, el contingente se sigue fijando en poco más de 30.000 personas.

    Una mayor adecuación a las necesidades reales, podría disminuir la presión para entrar de forma irregular en España. En cualquier caso, una vez fijado un contingente realista, el control de fronteras debe venir acompañado de la voluntad política y de los medios necesarios para su cumplimiento. No debe olvidarse que si bien la imagen del inmigrante ilegal se asocia al que accede por patera, la mayoría accede a España a través de nuestros principales aeropuertos. 
  • Fomentar la ida y venida de los trabajadores extranjeros y sus familias. Acuerdos internacionales: Los acuerdos internacionales aportan la imprescindible colaboración de los países de origen, dan seguridad al tránsito de personas, y permiten una mayor adaptación de los inmigrantes a la sociedad de acogida. Además, los acuerdos pueden dar prioridad a los inmigrantes con mayores vínculos con sus sociedades de origen y pueden fomentar esos vínculos. Ello sin olvidar que la mejor forma de luchar contra las mafias y la sangría de vidas humanas es ofrecer una posibilidad de migración legal.

    Muchos inmigrantes sólo desean emigrar de forma temporal, trabajar por unos meses o años y volver a sus países de origen. Cuanto más complejo es obtener un permiso temporal, más difícil es el flujo de retorno al país de origen. El tránsito fronterizo irregular, por su coste y riesgo, frena la temporalidad.

    Los países receptores se benefician de la estancia temporal de extranjeros, que aportan su trabajo y conocimientos en aquellas actividades y períodos de mayor necesidad. Por su parte, los países emisores también están interesados en fomentar las estancias temporales de sus trabajadores, de cualquier cualificación, en el extranjero: los emigrantes temporales de menor cualificación profesional son los que más remesas envían a su familia; asimismo, las estancias temporales pueden frenar la “fuga de cerebros”, dado que la regulación de permisos temporales para profesionales ha mostrado que el potencial de retorno es elevado y muy beneficioso para los países emisores. 
  • Evitar intervencionismos excesivos: Los acuerdos de regulación de los flujos con los países de emisión pueden facilitar desde origen el proceso de adaptación de los inmigrantes a la sociedad de acogida a través de la selección. Ahora bien, intervencionismos excesivos pueden conducir a ineficacia o, incluso, a arbitrariedades administrativas. El hecho de que hayan quedado vacantes más de diez mil ofertas de empleo en el contingente del 2002 refleja la ineficacia de un proceso centralizado de inmigración mediante contratación en origen.

    Para paliar estas disfunciones es necesario dotar al sistema de mecanismos más flexibles para poder responder con mayor rapidez y efectividad a las demandas de las empresas. En este sentido, debe facilitarse que las entidades públicas y las organizaciones de empresarios y trabajadores que mejor conozcan cuáles son las necesidades reales, en cuanto al número y a la especialización de los trabajadores extranjeros, adquieran un mayor protagonismo en el proceso.
  • Dar una dimensión europea a la política de inmigración: Sin duda, el elevado grado de integración y abertura de fronteras entre los países de la Unión Europea hace que la mayoría de estas políticas requieran una absoluta coordinación entre miembros de la Unión o, incluso, una creciente cesión de competencias a los organismos supraestatales, comenzando por el control fronterizo.

2.2. Políticas orientadas a evitar la exclusión social y el deterioro de los servicios públicos

La problemática de la inmigración no finaliza cuando el extranjero consigue legalizar su situación. El auténtico desafío reside en el encaje del inmigrante en la sociedad de acogida. El rechazo a los extranjeros puede producirse, especialmente, en los barrios en los que se concentran la mayor parte de los inmigrantes, cuando los residentes perciben o temen un deterioro de los espacios públicos, del valor de sus inmuebles y de los servicios públicos como la sanidad y la educación. El reto es promover una política de integración y cohesión social que incorpore las necesidades de los recién llegados y responda a las inquietudes de los residentes.

En efecto, una vez han llegado los inmigrantes es cuando debe desarrollarse una política activa de integración –centrada en el inmigrante y su familia- que permita su rápido acomodo y, al mismo tiempo, una política de cohesión social que asegure el nivel de bienestar –a todos los ciudadanos- a partir de un marco de valores sociales y culturales compartidos. Ambas políticas requerirán, en un inicio, una considerable dotación económica que, ineludiblemente, debemos asumir. Estas políticas deberían desarrollarse atendiendo a las siguientes prioridades: formación e inserción laboral para inmigrantes y residentes en riesgo de exclusión; lucha contra la economía sumergida sustentada en la inmigración; política local activa para evitar la marginalización de las zonas de recepción de inmigrantes; mayor colaboración y corresponsabilidad entre Estado y Comunidades Autónomas; reforzar la seguridad ciudadana; planificar y financiar los servicios públicos para evitar la masificación; y fomentar el sentimiento de pertenencia a una misma sociedad y garantizar el respeto al marco legal.

  • Formación e inserción laboral para inmigrantes y residentes en riesgo de exclusión: Para alcanzar los efectos positivos de la inmigración, resulta indispensable que el inmigrante se integre rápidamente en su nueva sociedad. Sin embargo, para una gran parte de los inmigrantes, su adaptación al mercado de trabajo es difícil. Para superar este problema es necesario que los trabajadores y sus familias aprendan los idiomas de su nueva sociedad, se incorporen a una red de relaciones sociales que no sólo abarque a otros inmigrantes similares, y obtengan una suficiente capacitación profesional.

    Para ello, los empresarios, los sindicatos, y las Administraciones tienen la responsabilidad compartida de dedicar recursos y esfuerzos en dotar de habilidades profesionales básicas a los recién llegados, como lo hacen con el resto de personas que se incorporan al mercado de trabajo. Por su parte, los gobiernos locales y autonómicos con idiomas propios tienen una amplia experiencia en la enseñanza de lenguas que debería aprovecharse.

    Además, la política de formación dirigida a los trabajadores autóctonos debe verse reforzada. En ciertos sectores de actividad, los trabajadores autóctonos o los jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo pueden verse perjudicados, a corto plazo, por la llegada de inmigrantes. Sólo su especialización profesional puede hacerles partícipes de los beneficios globales. La llegada de población inmigrante pone de manifiesto las serias carencias en el ámbito formativo de parte de nuestra población. La inversión en formación, tanto de ciudadanos autóctonos como extranjeros, debe ser una de nuestras prioridades para alcanzar el país al que aspiramos.
  • Lucha contra la economía sumergida sustentada en la inmigración: La presencia de numerosos inmigrantes en situación irregular está favoreciendo la consolidación de actividades empresariales al margen de la legalidad. Es una realidad que se autoalimenta: actividades que necesitan mano de obra barata y oferta inmigrante que no puede acceder al mercado laboral regular. Así, estamos condenando a la marginación a personas que vienen a trabajar con toda honestidad y a las que necesitamos.

    Un país moderno que aspira a estar socialmente cohesionado no puede permitir esta dinámica. A la vez que debe facilitarse la contratación legal de inmigrantes, deben perseguirse con todo rigor estas actividades empresariales que compiten de forma desleal con aquellos empresarios que se ajustan a la legalidad y contribuyen a la cohesión social. Esta situación también comporta que los trabajadores locales de baja cualificación se vean desplazados del mercado de trabajo o forzados a una merma de sus condiciones laborales.
  • Política local activa para evitar la marginalización de las zonas de recepción de inmigrantes: El papel de los municipios en la acogida e integración del inmigrante y en el mantenimiento de la cohesión social resulta fundamental. Los extranjeros se ubican en unos pocos barrios determinados, en los que establecen su red de relaciones personales y de acceso a los servicios públicos esenciales. En ocasiones, se percibe que la llegada de los inmigrantes degrada algunos de los barrios que salieron de la marginalidad gracias a la activa movilización vecinal y a la política municipal de los últimos años. 

    Debemos evitar el deterioro de los barrios de acogida. Resultan fundamentales las políticas locales que identifiquen las zonas que pueden degradarse con la inmigración para evitar que se sitúen en la marginalidad y la pobreza. Los ayuntamientos tienen experiencia en la gestión de políticas de especial atención a barrios poco favorecidos. En esta tarea no deben estar solos.

    El sistema de transferencias de recursos y de apoyo a los Ayuntamientos por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas debería ser suficientemente ágil y flexible para poder identificar y responder a las necesidades extraordinarias de gasto que afrontan los municipios en los que se concentra la llegada de inmigrantes. El empadronamiento de los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, es un mecanismo clave de transparencia: permite conocer las necesidades extraordinarias de gasto y planificar la transferencia de recursos públicos a las localidades que más inmigrantes reciben.
  • Mayor colaboración y corresponsabilidad entre Estado y Comunidades Autónomas: En una cuestión tan trascendente, y dada la gran disparidad en las tasas de población inmigrante por Comunidades Autónomas, se hace indispensable establecer un marco sólido de colaboración entre Estado y Comunidades. En ese marco de colaboración, aquellas Comunidades con una mayor tasa de población inmigrante deben poder participar en el diseño de las políticas de inmigración y recibir los recursos suficientes para el desarrollo de las políticas de integración y cohesión.

    Por su mayor proximidad a los ciudadanos, los Gobiernos Autónomos conocen mejor las peculiaridades de la inmigración en su territorio y deben ser capaces de ajustar los servicios públicos a las necesidades sentidas en las sociedades de acogida.
  • Reforzar la seguridad ciudadana: Una parte de la población puede asociar inmigración con delincuencia. Debemos distinguir dos fuentes potenciales de preocupación. Por un lado, la que se origina por la entrada de grupos extranjeros organizados para delinquir. Estos grupos no pueden considerarse inmigrantes, sino bandas de delincuentes internacionales. A este reto debe responderse con medidas policiales.

    Por otro lado, los trabajadores menos cualificados y sus familias tienen dificultades de adaptación y ellos, o especialmente sus descendientes, pueden acabar en situaciones de grave inadaptación que generen pequeña delincuencia. Esta problemática es común al resto de colectivos que de la marginación pasan a la delincuencia y debe abordarse desde diversos ámbitos con políticas de atención especial a los grupos de riesgo. Es la marginación, ya sea de inmigrantes o nacionales, la que genera delincuencia. 
  • Planificar y financiar los servicios públicos para evitar la masificación: La inmigración no debe poner en cuestión el Estado del Bienestar. La efectiva igualdad de oportunidades de las personas depende, en gran medida, de los servicios públicos como la educación y la sanidad. Un eventual deterioro de las escuelas, los centros de salud o los hospitales no es consecuencia de la inmigración. La masificación es el resultado de una inadecuada planificación o financiación pública. No podemos volver a los tiempos superados de servicios públicos masificados. 

    La inmigración genera crecimiento económico y recursos suficientes para financiar la expansión de los servicios públicos. A lo largo de sus vidas, los recién llegados, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 34 años, aportarán en forma de cotizaciones e impuestos más de lo que cuesta atenderlos a ellos y a sus familiares. La aportación de los extranjeros a la Seguridad Social demuestra la capacidad de la inmigración de contribuir, como el resto de la población, al sostenimiento de la cohesión social. Así, desde el año 2000, casi una cuarta parte del crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social ha sido de trabajadores extranjeros. Actualmente, los extranjeros afiliados a la Seguridad Social son unos 850.000 –más del 5% del total-.
  • Fomentar el sentimiento de pertenencia a una misma sociedad y garantizar el respeto al marco legal: Sin duda, la inmigración pondrá a prueba la legitimidad social del modelo de bienestar vigente en los países europeos. El reto es conseguir que todas las personas se sientan miembros de una misma sociedad sean cuales sean sus creencias y cultura de origen. Los países que han tenido éxito en esta tarea son aquellos en los que se han construido referentes de pertenencia universales.

    La integración de los inmigrantes requiere el respeto mutuo de identidades y costumbres, pero sin que ello signifique vulnerar, en ningún caso, nuestras leyes. En especial, debemos asegurarnos de que los derechos individuales y las libertades prevalecen frente a tradiciones o costumbres, ya sean laicas o religiosas, lesivas de los derechos de las personas reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Debemos conseguir que en el conjunto de la población prevalezca un sentimiento de pertenencia y complicidad con un sistema de valores básicos para la convivencia.

 

3. Conclusión

El fenómeno inmigratorio es una realidad compartida por todas las sociedades occidentales que ha afectado a España, país de emigrantes hasta hace poco, de manera tardía pero acelerada.

La inmigración constituye un factor de dinamismo y progreso, siempre que seamos capaces de desarrollar una política coherente en materia de recepción de inmigrantes, así como una política comprometida y realista de cohesión social.

No se puede ocultar que una parte de la población asocia la llegada de inmigrantes con el riesgo de un grave deterioro de los servicios públicos y de la misma convivencia. Pero, respecto a países similares al nuestro, tenemos dos ventajas de partida. Por una parte, la experiencia, con sus aciertos y errores, vivida por aquellos países que desde hace ya años nos anteceden en gestionar la llegada de inmigrantes. Por otra, la ausencia de partidos políticos con representación parlamentaria que hagan bandera del rechazo al inmigrante. Ni tampoco se han dado estallidos generalizados de conflicto racial. Estamos a tiempo de evitar esos riesgos.

Dada la trascendencia y urgencia de la cuestión, el Círculo de Economía reclama que ésta sea abordada de forma prioritaria por los poderes públicos. A tal fin, estos deberían incorporar a la tarea de elaboración de dichas políticas, al conjunto de agentes sociales e instituciones privadas implicados en el fenómeno inmigratorio. Por su parte, los poderes públicos deberían garantizar, con especial amplitud y visión de futuro, la necesaria dotación de recursos económicos, sin los cuales toda política inmigratoria resulta inane en la práctica, cuando no contraproducente.


 

Círculo de Economía de Barcelona.
Junio de 2003.