Inmigración y cambio social en el espacio urbano

Jordi Labòria Martorell

Más allá de algunas reflexiones de carácter general sobre el tema, querría centrar mi intervención en la definición de las estrategias, las políticas y la adecuación de los servicios públicos, que hay que adoptar ante el impacto que está produciendo la llegada de personas inmigrantes no comunitarias desde la perspectiva de los municipios.

 Manteros en la Plaza Mayor de Madrid. Foto: Jose Javier Martin Espartosa.

Manteros en la Plaza Mayor de Madrid. Foto: Jose Javier Martin Espartosa.

Los ayuntamientos deben gestionar un nuevo escenario local que concreta el hecho migratorio, y que no es un hecho sectorizable, sino que por su carácter multidimensional hace tambalear de forma general parte del sistema de gobierno de nuestras ciudades y pone en crisis políticas y sistemas de gestión pública en temas tan diversos como la vivienda (degradación urbanística), el trabajo, la educación,... e incluso el marco de convivencia y de relaciones ciudadanas.

La primera afirmación que hay que hacer, aunque sea obvia, es que el aumento del fenómeno migratorio en nuestra sociedad (Europa) está enmarcado en el contexto de globalización creciente, tanto de movimientos económicos, como de personas.

Hay que recordar, sin embargo, ya que a veces no parece tan obvio, que muchos de los conflictos que implica este proceso de globalización se manifiestan de forma clara y contundente en el ámbito local (el de las ciudades), mucho más que en ámbitos regionales o estatales.

De la misma forma que se dice, en positivo, que lo local puede ser el contrapeso de los procesos desestructuradores de lo global, también hay que decir que las contradicciones y rupturas que conlleva la globalización "explotan" de pleno en nuestros pueblos y ciudades.

El hecho migratorio masivo es un gran ejemplo: nos encontramos ante un fenómeno estructural, irreversible, que implica ubicaciones territoriales (concentraciones territoriales) concretas y determinadas. Ocasiona impactos importantes sobre la economía local (positivos y negativos), nos cambia la composición social (diversificación étnica) en nuestros barrios y genera nuevas necesidades, y porqué no decirlo claramente, también nuevos conflictos sociales.

Como decía antes, estamos ante un tema multidimensional que afecta a todos los aspectos de la vida humana.

Todo lo que he afirmado implica deducir lo que para muchos es una evidencia: "los gobiernos locales son los principales agentes cotidianos de la gestión de los procesos de integración de la población, de toda la población (autóctona y recién llegada)".

Hoy por hoy, fuera de las grandes definiciones políticas y legales (ley de extranjería) y de la afirmación de los grandes principios ideológicos frente al hecho migratorio, no encontramos (desde el mundo local) unas definiciones concretas sobre cómo desarrollar unas políticas de integración.

Los procesos migratorios son gestionados en nuestro país más por los mecanismos de mercado, que por la gestión pública. Más esperando que el tiempo resolverá el tema, que por unas políticas activas concertadas por todos los ámbitos en la administración y por los diferentes actores sociales. Afirmamos que no queremos "guetos", pero es el mercado inmobiliario (barato) quien nos marca las reglas del juego del asentamiento de los recién llegados.

Decimos que hay que integrar en el entorno democrático a la nueva población, pero el primer receptor es un mercado de trabajo, a menudo salvaje, si no ilegal.

Los gobiernos locales deben definir el escenario político concreto en el que se produce el cambio social y deben participar activamente en la gestión de la política de bienestar y de interculturalidad.

Los políticos no podemos continuar "escondiendo" el "problema": con todo el riesgo que conlleva (pues tenemos abiertos muchos interrogantes) debemos desarrollar políticas activas ante el hecho migratorio.

Esto quiere decir, optar por un modelo de integración, lo que ya hemos comenzado a definir desde el Plan interdepartamental que está elaborando la Diputación de Barcelona y que denominamos "modelo de democracia intercultural":

  • Defensa de la centralidad de los valores democráticos, respeto y defensa de los derechos humanos. 
  • Defensa de las prácticas básicas de la democracia. 
  • Respeto a la ley y al estado de derecho. 
  • Respeto a la diferencia. 
  • Defensa de la cohesión social de nuestras ciudades, pueblos y villas. 
  • Fomento de la interacción y construcción del sentido de identidad y pertenencia a una sociedad común.

El hecho migratorio, dadas sus características socio-económicas -los que vienen son mayoritariamente pobres- genera, a menudo una, dinámica de presión sobre los recursos públicos.

Esto está poniendo en evidencia la debilidad de nuestro Estado del Bienestar, que unos años de estancamiento democrático y de cierta bonanza habían permitido disimular.

La presión que las necesidades de los recién llegados ejercen sobre los servicios como la Sanidad, la Educación, la Vivienda Social, los Servicios Sociales,... no se puede resolver de ninguna manera con el reparto de lo que ya tenemos: el resultado no puede ser que todo el mundo reciba menos, sino el aumento de recursos para todo el mundo.

Si no se produce este aumento de recursos del Estado de Bienestar, la inmigración es vivida por los sectores más débiles de nuestra sociedad, como una competencia en el acceso a servicios, al mundo del trabajo y a la vivienda...

Estos sentimientos de competencia, sumados a los problemas de convivencia derivados de las diferencias culturales, con el miedo instintivo que conllevan, crean un "caldo de cultivo" en nuestras ciudades y pueblos a veces difíciles de gestionar.

Hay que plantear la generación de servicios municipales en una sociedad diversa, pero hay que hacerlo desde un claro planteamiento de aportación de nuevos recursos (financiación), mejora de los servicios para todos (no servicios específicos, más allá de los técnicamente imprescindibles).

Estos servicios municipales en una sociedad diversa, deben cubrir 5 estrategias interrelacionadas: recepción, acogida, normalización, convivencia ciudadana y gobernabilidad.

La recepción y acogida que implican servicios de información, de ayuda a la llegada: inserción en el entorno, apoyo a la adaptación lingüística, formación específica... Conllevan la creación de servicios de prestación directo al inmigrante.

Por contra, las estrategias de normalización y de convivencia ciudadana, tienen que ir dirigidas y deben estar pensadas para toda la población, pues comportan la mejora a la accesibilidad de los servicios (espera CAP), el necesario dimensionamiento de la oferta, o bien las actuaciones pensadas para favorecer la convivencia y a la cohesión social.

Por último la gobernabilidad que ha de garantizar a los gobiernos locales la capacitación i la información-formación necesaria para hacer frente a la gestión y las estrategias locales.

En función de estas estrategias, los servicios municipales ordinarios para todos deben crecer y adaptarse, y la nueva situación nos obliga a innovar y poner en marcha nuevos servicios, fundamentalmente orientados a dar apoyo y facilitar el proceso de incorporación.

Previamente, las Administraciones debemos adquirir la Información y el conocimiento necesario para concretar estos elementos estratégicos en programas integrales.

No podemos continuar "viviendo de espaldas" a una realidad que nos evidencian los Padrones Municipales (número de personas que viven en cada vivienda, radicación de los recién llegados, composición de edades, los procesos de reunificación familiar,...), las estadísticas laborales, permisos de trabajo, los registros civiles,... Las encuestas de percepción,...

Todos estos datos los tenemos, pero a menudo parece que están más preocupados por "esconderlos" que pora utilizarlos proyectivamente.

No quiero acabar sin insistir una vez más sobre un elemento básico para la gestión del fenómeno migratorio: la dimensión económica de esta gestión.

Sin hablar claramente de la financiación de los servicios y de los costes de gestión, no hacemos otra cosa que hacer "filosofía" sobre el tema.

Hay que aumentar la financiación ordinaria, hay que revisar los déficits de los sistemas de bienestar social y hay que financiar la gestión del cambio social hacia la diversidad, y esto en ámbitos tan sensibles como la rehabilitación urbana, la vivienda, la familia, la educación, la sanidad, ...

Esto requiere un Pacto Institucional para la Gestión, que contemple mecanismos de compensación interterritorial, cooperación supramunicipal y que cada nivel de la Administración (el Estado, la Generalitat, el mundo local) asuma sus competencias y responsabilidades, poniendo sobre la mesa los recursos y los mecanismos de coordinación necesarios.

Sin este pacto los ayuntamientos nos quedamos solos y prácticamente inoperantes.


 

Jordi Labòria Martorell. 
Presidente del Consorcio de Recursos para la Integración de la Diversidad (CRID), adscrito a la Diputación de Barcelona.