Empezar la casa por el alquiler

DIANA VIRGÓS

Mientras se escriben estas líneas todavía está fresca en la corta memoria de los medios la muerte de Alicia, una mujer de 65 años que se ha tirado por el balcón de la que iba a dejar de ser su casa en el barrio de Chamberí, en Madrid, tras al menos 6 meses de impagos. Recordamos también otra pérdida aún reciente: el suicidio de Jordi, de 50 años, que también decidió pagar con su vida la que se había convertido también en su ex casa en Cornellà tras 14 meses sin abonar el alquiler.

Miembros del  Sindicat de Llogaters i Llogateres.  Foto: archivo.

Miembros del Sindicat de Llogaters i Llogateres. Foto: archivo.

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Constitución Española -en sus artículos 25 y 47 respectivamente- recogen el derecho a una “vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, en lo que llevamos de 2018 se han ejecutado un total de 11.547 desahucios en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial1. Los casos de Alicia y Jordi son un síntoma de una problemática que cercena un derecho fundamental, ya que la vivienda es el espacio que una persona necesita para desarrollarse física y psicológicamente.

“La vivienda es el espacio que una persona necesita para desarrollarse física y psicológicamente”

A pesar de la creciente concienciación social respecto al tema de la vivienda desde 2011, durante los años de crisis los bancos no dejaron de acumular stock de vivienda. En el año 2015, seis grandes entidades españolas (Bankia, Banco Popular, CaixaBank, Santander y BBVA) acumulaban más de 65.000 viviendas2, sin contar con una cantidad parecida en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Después del estallido de la burbuja 1995-2007, la banca se había convertido en la mayor inmobiliaria del país, pero no tenía a quién vender su producto… hasta que llegaron las SOCIMI y empezó a inflarse la nueva burbuja del alquiler.

“Después del estallido de la burbuja 1995-2007, la banca se había convertido en la mayor inmobiliaria del país”

Las SOCIMI, abreviatura por la cual se conoce a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, se introdujeron en España en 2009 de la mano del ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de sociedades cuya única finalidad es vehicular la inversión por parte de fondos extranjeros en el sector inmobiliario. La idea al introducirlas, era comprar el stock sobrevalorado que los bancos habían acumulado a fuerza de expulsar familias, y así evitar malos resultados en las cuentas anuales. A partir de 2012, de la mano del gobierno de Mariano Rajoy, estas sociedades cuentan con un privilegiado régimen fiscal: están exentas de pagar el impuesto de sociedades y, además, se les permite revender los inmuebles adquiridos cada 3 años y no cada 7, como estaban obligadas hasta entonces.

Casualmente muy poco después, en 2013, se aprueba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), cuya principal novedad es el recorte en la duración de los contratos: de cinco años se pasa a tres, con lo que los ciclos de extracción de la renta a los inquilinos se acortan. Así, las empresas sacan el máximo rendimiento al poder actualizar los precios cada poco tiempo y, en un contexto de inflación, las SOCIMI se convierten en el negocio estrella con incrementos de hasta un 40% en sus beneficios3.

Desde 2013, el suflé del alquiler no ha parado de crecer, sobretodo en las ciudades con mayor tirón turístico: en cuatro años, el precio del alquiler ha aumentado más de un 28% de media en la ciudad de Barcelona4, un crecimiento paralelo al número de creación de SOCIMIS y a la adquisición de inmuebles por parte de éstas. No es de extrañar que los inquilinos e inquilinas tengan que destinar, en Cataluña, casi la mitad de su salario a pagar los alquileres de sus viviendas5, resultando en una evidente pérdida de poder adquisitivo y un deterioro de la calidad de vida que, en algunos casos, arrastra hasta el abismo de la exclusión social. Por supuesto, esta inflación general en los precios no sería posible sin la ausencia de política de vivienda pública: se estima -a falta de datos oficiales- que, a pesar de que en España hay más de 18 millones de viviendas6, sólo entre el 1,5% y el 2,5% son de titularidad pública7. En conclusión: las instituciones subordinan el cumplimiento de un derecho tan fundamental como el de la vivienda a los intereses privados.

“El precio del alquiler ha aumentado más de un 28% de media en la ciudad de Barcelona”

Ante la evidente privación de derechos, los vecinos decidimos organizarnos. Así nació en Barcelona el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas en mayo de 2017, cuyo fin último es la defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, estable, seguro y digno. El Sindicato nace como una iniciativa transversal pero con una clara conciencia política y colectiva. Queremos aglutinar a quienes vivimos o queremos vivir de alquiler, tanto en viviendas del mercado privado como público, para reivindicar conjuntamente nuestros derechos e incidir en todos los ámbitos administrativos y de gobierno.

A través de la organización y la movilización, queremos dar respuesta a las demandas crecientes en torno al alquiler mediante servicios de asesoramiento que nos empoderen sobre nuestros derechos y deberes, y sobre las condiciones contractuales de nuestros alquileres (temporalidad, fianzas, obras, condiciones de habitabilidad, mantenimiento, cláusulas, etc). También queremos tener incidencia en cuestiones de carácter más general como la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o el desarrollo de medidas legislativas para el control y la limitación de los precios del alquiler, iniciativas desarrolladas en nuestras 10 propuestas de mínimos.

No estamos solos: son muchas y diversas las entidades de defensa del derecho a la vivienda con las cuales trabajamos día a día para hacer valer nuestros derechos. Juntos hemos conseguido impulsar medidas como la moción para destinar el 30% de viviendas de nueva construcción y/o rehabilitación a alquiler social en Barcelona y no nos vamos a detener aquí: lucharemos para obligar a las instituciones a asumir la responsabilidad de proteger el derecho fundamental a la vivienda y para detener el avance de la especulación. Lucharemos para evitar más desahucios; para hacer justicia con aquellos que han perdido la vida a manos de la avaricia de las grandes compañías y para consolidar nuestro a derecho a tener casa, empezando por la defensa del alquiler.

Diana Virgós

Miembro del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona.

1 Consejo General del Poder Judicial. Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. Diciembre 2018

2 Granado, Olga. Los seis grandes bancos acumulan todavía más de 65.000 viviendas en stock. Publicado en eldiario.es el 11/01/2015

3 Martínez, Juan Carlos. Las socimis van como un tiro: disparan sus beneficios un 40%. Publicado en El Español el 28/07/2018

4 Generalitat de Catalunya. Evolució anual del mercat de lloguer a Barcelona.

5 El Mundo. Los catalanes destinan más del 50% de su salario al pago del alquiler, los madrileños el 44%. Publicado el 5/08/2018

6 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Continua de Hogares 2017. Publicado el 12/04/2018

7 Bosch, Jordi; Trilla, Carme. El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo (2018). Fundación Alternativas